La masonería española en la Segunda República

El impacto de la Francmasonería en el devenir de la Segunda República Española (1931-1939) representa uno de los capítulos más complejos, tergiversados y exhaustivamente revisados de la historiografía contemporánea de España. Durante décadas, el aparato de propaganda de la dictadura franquista construyó y alimentó el mito del «complot judeo-masónico-comunista», una narrativa que presentaba a las logias como una organización monolítica y secreta, responsable directa de la caída de la monarquía, la inestabilidad social y la legislación anticlerical del periodo republicano.

Sin embargo, el acceso a los archivos incautados y la investigación académica moderna —liderada por especialistas como José Antonio Ferrer Benimeli y Pere Sánchez Ferré— han desmontado sistemáticamente este corpus mitológico. Los datos documentales revelan una realidad histórica sustancialmente distinta: la masonería en la España de los años treinta fue una institución civil fragmentada, golpeada por contradicciones internas y habitada por una burguesía profesional e intelectual que vio en el marco democrático de la Segunda República la oportunidad para implementar los ideales ilustrados de educación, laicismo y progreso social. Lejos de actuar como el director de orquesta del Estado, la masonería terminó devorada por la propia polarización sociopolítica del país.

1. El Antecedente Inmediato: De la Clandestinidad de Primo de Rivera a la Primavera de 1931

Para comprender el entusiasmo con el que los talleres masónicos recibieron la proclamación del nuevo régimen el 14 de abril de 1931, es indispensable analizar la situación de postración institucional que arrastraba la Orden. Durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), la francmasonería española sufrió una tenaz persecución gubernamental y policial.

Bajo el directorio militar, las reuniones fueron prohibidas en diversas provincias, las sedes sufrieron clausuras y destacados miembros sufrieron penas de prisión o exilio. Aunque la Orden intentó mantener sus trabajos de forma discreta, la actividad masónica regular se vio drásticamente reducida. Paralelamente, muchos masones comenzaron a integrarse a título individual en los comités de oposición republicana y participaron en los debates que culminarían en el Pacto de San Sebastián de 1930.

Por consiguiente, el advenimiento de la Segunda República no fue el resultado de un complot urdido en el secreto de los templos, sino el colapso de un modelo monárquico agotado. Para las obediencias masónicas, la jornada del 14 de abril significó la reconquista de la legalidad civil, la libertad de reunión y la posibilidad de proyectar en el espacio público sus grandes axiomas filosóficos: la laicidad del Estado, la primacía de la razón, el desarrollo de la ciencia y la instrucción pública generalizada.

2. Radiografía Numérica: Sociología y Presencia Parlamentaria en las Cortes de 1931

Uno de los pilares de la historiografía conservadora tradicional ha sido la afirmación de que el Parlamento republicano estaba controlado por las logias de manera orgánica. Para evaluar esta aseveración, las investigaciones académicas contemporáneas procedieron a contrastar los nombres de los diputados electos con los registros de afiliación (planchas de asistencia y expedientes de iniciación) custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

El Cómputo Estadístico Real

En las Cortes Constituyentes de 1931, sobre un total de aproximadamente 470 escaños, se ha verificado la condición masónica de entre 150 y 180 diputados. Esto se traduce en aproximadamente un tercio de la representación parlamentaria.

El Mito de la Unidad de Voto

La distribución por partidos políticos de estos parlamentarios desmiente de manera categórica la noción de una estrategia coordinada desde las potencias masónicas. Los masones de las Cortes de 1931 respondían a obediencias, ritos e ideologías en extremo divergentes:

1. El Centro-Derecha Republicano: En las filas del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux —él mismo un veterano masón— se agrupaba un sector conservador y burgués que defendía la propiedad privada, el orden público y un reformismo moderado.
2. El Centro-Izquierda Laicista: Formaciones como el Partido Republicano Radical-Socialista (liderado por Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz) o Acción Republicana propugnaban una transformación profunda del Estado mediante la secularización drástica y la limitación del poder eclesiástico.
3. El Bloque Socialista: Cerca de cuarenta diputados de la minoría del PSOE eran miembros activos de la Orden (como Rodolfo Llopis o de forma periférica de simpatía intelectual). Sin embargo, su disciplina de voto estaba estrictamente supeditada a las directrices de la ejecutiva de su partido y a las dinámicas de la Unión General de Trabajadores (UGT), chocando frecuentemente en materia socioeconómica con los masones del ala lerrouxista.

Los diarios de sesiones parlamentarias demuestran que en debates trascendentales como el voto femenino (donde se enfrentaron posiciones laicas radicales y pragmatismos electorales), la reforma agraria o la estructuración autonómica del Estado, los diputados masones votaron divididos, siguiendo las consignas de sus respectivas comisiones parlamentarias y no consignas de orden iniciático.

3. Geografía Institucional: Estructura, Crecimiento y Crisis de las Obediencias

La llegada de la República trajo consigo una eclosión de afiliaciones. La masonería española pasó de tener apenas unos miles de miembros durante la dictadura previa a estabilizarse en un censo de entre 15.000 y 20.000 afiliados a mediados de la década de 1930, distribuidos en más de dos centenares de logias por toda la geografía peninsular, las islas y los enclaves del norte de África (donde las logias militares y de funcionarios tenían un peso singular).

Las Grandes Potencias Masónicas de los Años Treinta

La «Infiltración Profana» y la Pérdida de la Esencia Iniciática

Este crecimiento acelerado supuso también una crisis de identidad para la Orden. Los boletines internos de las Grandes Logias de la época reflejan la preocupación de los Grandes Maestres ante lo que denominaron el aluvión de «profanos con mandil».

Muchos ciudadanos, militares y funcionarios solicitaron su ingreso en los templos bajo la convicción de que las logias operaban como oficinas de colocación laboral, trampolines políticos o redes de influencia para medrar en la nueva administración republicana. Esta politización de las bases debilitó la cohesión interna y generó tensiones doctrinales, ya que los trabajos puramente filosóficos eran postergados con frecuencia en favor de debates sobre la actualidad política nacional.

4. El Gran Campo de Batalla Civil: El Artículo 26 y la Reforma Educativa

Si un aspecto de la Segunda República concentró la acción de los intelectuales masones y, simultáneamente, unificó la contraofensiva de los sectores católicos y conservadores, este fue el proyecto de laicidad del Estado, plasmado de manera dramática en la redacción de la Constitución de 1931.

La Ofensiva Secularizadora

El Artículo 26 de la Carta Magna limitaba drásticamente la actividad de las órdenes religiosas en España:

• Decretaba la disolución de aquellas órdenes que impusieran un voto especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado (medida dirigida de forma directa contra la Compañía de Jesús).
• Prohibía el ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas.
• Extinguía el presupuesto estatal de culto y clero.
• Sometía los bienes eclesiásticos a una eventual nacionalización.

Políticos masones de gran peso parlamentario, como Álvaro de Albornoz (Ministro de Justicia) o Marcelino Domingo (Ministro de Instrucción Pública), fueron los arquitectos conceptuales de estas medidas. Desde la perspectiva masónica, no se trataba de una persecución de la fe individual, sino de la liberación del ciudadano a través de la Escuela Única, Laica y Gratuita, arrebatándole a la Iglesia el control de las conciencias de las futuras generaciones a través de la educación primaria y secundaria.

La Génesis del Chivo Expiatorio

La prensa conservadora y católica (con cabeceras señeras como El Debate o el boletín de la Asociación Católica de Propagandistas) reaccionó identificando de manera matemática cada reforma del gobierno republicano como una orden dictada desde los templos masónicos. Al asociar de forma sistemática la pérdida de privilegios eclesiásticos con la acción secreta de la escuadra y el compás, la propaganda antimasónica construyó un relato sencillo y movilizador para las clases medias y altas católicas, sembrando las bases ideológicas que justificarían el posterior alzamiento militar.

5. Polarización, Radicalización y Parálisis Institucional (1933-1936)

El triunfo electoral de las derechas y del centro-derecha articulado en torno a la CEDA de José María Gil-Robles en noviembre de 1933 provocó un giro radical en el panorama político. La presencia de masones en los ministerios disminuyó de forma drástica, abriendo un periodo de contrarreformas legislativas.

La Revolución de Octubre de 1934 profundizó de manera insalvable la fractura social de España. Los partidos de derecha utilizaron el intento insurreccional en Asturias y Cataluña para arreciar su campaña de agitación antimasónica, acusando a los miembros de las logias de financiar y coordinar los movimientos revolucionarios de izquierda.

Esta acusación carecía por completo de consistencia sociológica: la masonería española de los años treinta seguía siendo fundamentalmente burguesa, comercial, funcionarial y académica; sectores que veían con enorme alarma los desbordamientos proletarios de carácter anarquista o comunista.

En este clima de preguerra civil, las logias se sumieron en una parálisis operativa:

• Muchos miembros de filiación moderada optaron por el abandono discreto de las reuniones ante el temor a represalias profesionales.
• Los debates internos se polarizaron entre los partidarios de mantener una neutralidad institucional estricta y aquellos sectores más jóvenes e influenciados por la dialéctica del Frente Popular de 1936, que exigían que la Orden tomara partido de forma explícita en defensa de los logros democráticos republicanos frente al avance del fascismo europeo.

6. La Solución Final Franquista: Represión Sistémica y Liquidación Jurídica

El estallido de la Guerra Civil el 18 de julio de 1936 significó la destrucción inmediata y absoluta de la francmasonería en todo el territorio que caía bajo control de las tropas sublevadas. En las primeras semanas del conflicto, la pertenencia a la Orden pasó a tipificarse como un delito capital de ejecución sumaria, prescindiendo de cualquier garantía procesal o juicio formal.

Las Purgas Territoriales

Las guarniciones militares sublevadas en Andalucía, Galicia, Zaragoza y Marruecos asaltaron los templos locales, incautaron sus archivos y fusilaron de manera inmediata a directivos, maestros y miembros ordinarios de las logias. Casos como la ejecución de casi la totalidad de los miembros de la logia de Algeciras o las ejecuciones masivas en el Protectorado de Marruecos evidenciaron que la eliminación física de la masonería era un objetivo prioritario y estratégico del alto mando militar nacionalista.

La Institucionalización del Odio: La Ley de 1940

La obsesión personal del general Francisco Franco con la Orden sobrevivió al fin de la guerra civil y se estructuró a través de un andamiaje legal de carácter punitivo único en la Europa de la época. El 1 de marzo de 1940, la dictadura promulgó la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo, cuyo preámbulo acusaba formalmente a la institución de la decadencia histórica de España desde la pérdida del imperio colonial.

Las características principales de esta legislación penal excepcional eran:

1. Retroactividad Absoluta: Castigaba de manera penal el haber sido miembro de una logia con anterioridad a la ley y durante el periodo democrático republicano, violando los principios elementales del derecho penal moderno.
2. Penas de Reclusión: El simple hecho de poseer el grado de maestro masón o haber participado de forma continua en los trabajos de las logias se castigaba con penas automáticas de reclusión mayor de doce a treinta años. Los grados menores conllevaban penas de reclusión menor de seis a doce años, además de la confiscación total de bienes y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos o empleos en la empresa privada.
3. El Tribunal Especial (TERMC): Para la aplicación de esta norma se constituyó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Este tribunal operó de forma inquisitorial, instruyendo más de 80.000 expedientes de depuración sobre una población real de masones que en su momento álgido apenas había rozado los 20.000 individuos. Esto obligó al tribunal a perseguir a herederos, familiares o personas que simplemente habían firmado una solicitud de ingreso décadas atrás, manteniendo a la sociedad civil española bajo un estado de sospecha permanente.

Los archivos incautados a todas las logias del país fueron rigurosamente catalogados en Salamanca por los servicios de información del régimen, sirviendo de base para la depuración del cuerpo de funcionarios, profesores universitarios, diplomáticos y mandos del ejército.

7. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Fue Manuel Azaña masón durante la Segunda República?

Sí, pero bajo una condición puramente protocolar y tardía. El intelectual y presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, no desarrolló una carrera masónica ordinaria ni poseía una formación ritual interna. Fue iniciado por cortesía política e institucional el 2 de marzo de 1932 en el marco de una sesión extraordinaria celebrada en la Logia Adelante n.º 3 de Madrid, adscrita al Gran Oriente Español. Los diarios personales de Azaña y su profusa correspondencia intelectual demuestran que apenas concedió relevancia a su vinculación con la Orden, guiando su acción de gobierno exclusivamente bajo las premisas de su propio pensamiento republicano y liberal burgués, sin supeditación alguna a directrices masónicas.

¿Qué fue la «Sección Especial» del Archivo de Salamanca?

La Sección Especial del Archivo de Salamanca fue la división documental creada por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD) bajo la dictadura franquista. Su función prioritaria consistió en unificar, indexar y almacenar de forma minuciosa todas las planchas, actas, correspondencia, testamentos masónicos y expedientes confiscados en los templos de España tras el avance de las tropas franquistas. Hoy en día, integrada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, representa uno de los fondos archivísticos sobre sociedades discretas más importantes del mundo, habiendo perdido su carácter punitivo para convertirse en una fuente primaria esencial para los investigadores universitarios.

¿Cómo operó la masonería española tras la derrota republicana de 1939?

Tras la caída de la República, la masonería española fue liquidada por completo en el territorio peninsular e insular. La institución logró sobrevivir exclusivamente en el exilio. Cerca de 1.200 masones lograron refugiarse en México, Francia y diversos puntos del norte de África, donde reconstituyeron de forma precaria las estructuras del Gran Oriente Español y de la Gran Logia Española en el exilio. Durante casi cuarenta años, estas delegaciones mantuvieron una actividad sumamente reducida centrada en la ayuda mutua y en la denuncia internacional de la dictadura, hasta que la restauración de la democracia a finales de los años setenta permitió el regreso de las obediencias y su posterior legalización en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior.

Fuentes Históricas y Bibliografía de Referencia

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